- Estas responsabilidades recaen sobre la mujer y las estadísticas, aunque poco recientes, lo confirman.
- Al menos 100 cuidadores concluirán la etapa formativa entre septiembre y octubre para dar el servicio en los hogares de las familias que lo requieran.
- Queda pendiente la ratificación del Convenio 156 de la OIT por el Poder Ejecutivo, ya fue aprobada por el Congreso Nacional hace dos años.
Categoría: Trabajo decente
Tema: Cuidados como trabajo y derecho
Autora: Yadimir Crespo
Los trabajos de cuidado son una “actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social”, al menos así plantea la Constitución dominicana en su artículo 5, numeral 11, que deben ser reconocidos.
Más allá de un concepto inspirador, este trabajo incluye la provisión de bienes y servicios esenciales para la vida, como la alimentación, el abrigo, la limpieza, la salud y el acompañamiento; el apoyo o asistencia directa a personas para realizar actividades de la vida diaria, como lo requieren niños o parientes ancianos; así como también la transmisión de conocimientos, valores sociales y prácticas mediante procesos relacionados con la crianza.
En el día a día de nuestro país estas responsabilidades recaen sobre la mujer y las estadísticas, aunque poco recientes, lo confirman.
Según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) en 2018, las mujeres, en promedio, dedican 3.25 horas más que los hombres al trabajo de cuidado y tareas del hogar no remunerado.
En concreto, en la República Dominicana las mujeres dedican 31.2 horas semanales de su rutina al cuido en comparación con las 9.6 horas en labores no remuneradas dedicadas por los hombres y “la diferencia de 21.6 horas es una evidencia de las grandes desigualdades de género en desventaja para las mujeres, en el desempeño de tareas que se realizan sin remunerar y sin reconocimiento social”, destaca la ONE.
¿Qué se hizo?
Para atender esta realidad, en el año 2021 el gobierno incorporó el componente de cuidados a través del programa Supérate. Para entonces se puso en marcha una Política Nacional Integral de Cuidados con el fin de encontrar soluciones a las necesidades de cuidado de los hogares vulnerables, la promoción de la autonomía económica de las mujeres y el derecho al cuidado de niños y niñas, personas con discapacidad que requieren de cuidados, personas en situación de dependencia y adultos mayores.
Esto incluyó un programa piloto denominado Comunidades de Cuidado, para el cual se priorizaron Azua y Santo Domingo Este. La iniciativa se implementó en 2022 y contó con fondos económicos otorgados por las Naciones Unidas hasta junio de este año.
En base a las experiencias de esos territorios, las expectativas eran ampliar el alcance de esta política, aspecto que no se pudo completar en este primer período de gobierno.
Sin embargo, entre los resultados del piloto, organismos de la ONU en República Dominicana destacan la actualización y fortalecimiento de los programas de cuidado para personas adultas mayores y primera infancia, así como también la realización del primer programa de formación en el país de Asistencia Personal para Personas con Discapacidad con Necesidades de Apoyo. Además, el apoyo en la actualización y fortalecimiento de los programas de cuidado para personas adultas mayores y primera infancia.
Anabel Rivas, directora de Comunidades de Cuidado en Supérate, añade que como resultado de las iniciativas que forman parte del plan piloto se cuenta con un aproximado de mil personas cuidadoras capacitadas entre los dos municipios. De ellas, al menos cien estarán concluyendo la etapa formativa entre septiembre y octubre, la cual ha incluido una pasantía pagada y bajo supervisión en los hogares del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), para dar el servicio en los hogares de las familias dominicanas que lo requieran.
“Un grupo de 98 personas obtendrá la certificación de ACAPEM-B, que es una certificación internacional que ofrece la OPS para todo el tema de atención en la población de adultos mayores, o sea, que ahora mismo tenemos mil personas cuidadoras que están en procesos de pasantía, 100 de ellas supervisadas y pagadas y que van a tener una acreditación internacional, que van a tener la habilitación por parte del CONAPE”, manifestó.
Paula Rodríguez Arredondo, coordinadora de proyectos de la Fundación Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) en el Caribe, resalta además que con esta estrategia se diseñó y se conceptualizó una política de cuidado, “convirtiendo al país en pionero en vincular la política de cuidado al Programa de Protección Social”.
Asimismo, se creó una mesa territorial con la participación de más de diez organizaciones y direcciones gubernamentales, “lo que reflejó la intención de abordar los cuidados desde un enfoque intersectorial y amplio”.
No obstante, para la experta esto no es suficiente. Hace falta una legislación que reconozca el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, pues aunque la Constitución reconoce el cuidado como un aporte a la economía, no existe una normativa abocada a esta prerrogativa del ser humano. Y para ello es necesario, además, mayor voluntad política y el convencimiento de otros sectores.
“Más allá de haber establecido instancias de gobernanza de la política de cuidados a nivel nacional y a nivel territorial, queda pendiente demostrar que la política es una realidad gubernamental (…) hay que demostrar nuevos servicios, mayor alcance y cobertura del proyecto, así como también financiamiento”, agregó Rodríguez Arredondo.
Según un resumen ejecutivo del proyecto, publicado en 2021, el aumento de la cobertura de la demanda de servicios de cuidado y la generación de empleos dignos asociados al cuidado “dependerá de los recursos públicos disponibles”. Además del presupuesto consignado especialmente para el proyecto piloto en el Programa Supérate y el INAIPI, habrá recursos destinados a los municipios priorizados en los presupuestos del CONAPE, CONADIS, INFOTEP, SIUBEN, PROPEEP, Ministerio de la Mujer, Ministerio del Trabajo y MEPyD.
Pero Rivas, quien es experta en políticas públicas, explica que, con el fin de que el proyecto sea autosostenible, se considera involucrar al sector privado por medio de la contratación de los servicios de cuidados. Aunque en los próximos meses será CONAPE quien adquiera estos servicios a las empresas ya establecidas para cubrir la demanda de la población.
Además de que los cuidadores empiecen a prestar sus servicios tras finalizar su formación a principios del último trimestre del año, en los próximos meses se lanzará una estrategia de comunicación que fue diseñada para concienciar sobre el cuidado como derecho y trabajo y como una corresponsabilidad compartida.
El cuidado en cifras
Según una investigación publicada por el MEPyD, en el país la demanda total de cuidados (menores de 5 años y personas adultas con dependencias moderadas y severas) se estima en más de 900,000 personas, de las cuales aproximadamente 100,000 están cubiertas por servicios públicos de cuidado permanente del Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) y el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE).
El estudio añade que 851,890 personas se dedican de forma integral a las tareas de cuidado no remunerado, de las cuales el 98% son mujeres que declaran no buscar empleo por responsabilidades familiares o quehaceres del hogar.
La puesta en marcha de la Política Nacional de Cuidados podría crear entre 127,000 y 370,000 puestos de trabajo y contribuiría a la disminución de la pobreza monetaria general entre 6 y 1.9 puntos porcentuales, con mayor impacto en la población femenina, a partir de distintos escenarios de cobertura analizados.
Asimismo, de acuerdo con las estimaciones de esta investigación, cubrir un 90 % de la demanda de cuidados con servicios públicos conllevaría para el Estado dominicano, tras una inversión recurrente de 10 años, una inversión anual de entre 3% y 0.9% del PIB.
¿Qué sucede con quienes tienen que cumplir con responsabilidades laborales?
Los hitos alcanzados con la Política Nacional de Cuidado marcan como completados algunos de los compromisos de Luis Abinader para su primer mandato presidencial en el eje 12.7 acerca de “visibilizar y apoyar el trabajo doméstico” en su plan de gobierno, el cual abarcaba: “establecer programas para concientizar sobre la importancia del trabajo que realiza la mujer en la esfera privada (cuidar a la familia), lo cual genera una doble jornada de trabajo; propiciar cambios culturales para la redistribución de las tareas con los hombres; y establecer el Sistema Nacional para el Cuidado de niños y niñas preescolares (estancias infantiles), personas con discapacidad y adultos mayores (hogares diarios y permanentes) en todo el territorio nacional”.
Pero la realidad del trabajo de cuidado se extiende. La no valorización y el mal reparto de las tareas de cuidado en los hogares dominicanos limita el tiempo de los cuidadores para acceder a oportunidades educativas, de inserción laboral y acceso a la seguridad social, especialmente para las mujeres que se dedican a ello. Mientras que los hombres no reciben apoyos ni estímulos para desarrollar su derecho a cuidar y compartir esta responsabilidad.
Estas circunstancias llevaron en 1981 a la Organización Internacional del Trabajo a realizar la firma del “Convenio 156 sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con trabajadores con responsabilidades familiares”, el cual tiene como objeto garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, mejorando su condición mediante medidas que satisfagan sus necesidades particulares y mediante medidas destinadas a mejorar la condición de los trabajadores en general.
Luis Abinader prometió “trabajar con el Congreso y los ministerios de Trabajo y de la Mujer, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las organizaciones de mujeres para lograr la ratificación del Convenio 156 de la OIT, sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares”. Aunque la Cámara de Diputados y la de Senadores aprobaron el convenio en 2021 y lo remitieron al Poder Ejecutivo en diciembre de ese año, en el portal web de la OIT aparece entre los convenios no ratificados por la República Dominicana.
Esto se debe a que si bien el congreso lo aprobó, el convenio no ha sido registrado oficialmente como aprobado por el Poder Ejecutivo desde su recepción hace dos años y para que el convenio sea ratificado, es necesario ser registrado en la OIT y esperar un año para su entrada en vigor. Por lo que es otra de las promesas pendientes de este gobierno, no tan solo con la población dominicana, sino también con las demandas de Polétika RD, junto al reconocimiento y formalización de las trabajadoras que se dedican a los cuidados de forma no remunerada.