¿Qué demandamos?

Conoce los ejes temáticos que valoramos

Derechos de las Mujeres

Autonomía económica y acceso a ingresos

  • Ampliar el acceso y la participación de las mujeres en el mercado laboral formal, incluyendo el acceso a educación y capacitación en áreas STEM y una mayor protección laboral contra la discriminación por razones de género, maternidad o situación familiar, además de garantizar el acceso a la tierra, la actividad agrícola y servicios de agua en viviendas y comunidades femeninas.
  • Incremento del acceso de las mujeres a puestos directivos y de liderazgo en instituciones públicas, así como el acceso al crédito y la bancarización, y otros instrumentos financieros.

Salud y Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos

  • Reforzar los mecanismos de supervisión y aplicación de las normas de atención para disminuir la mortalidad materna, así como para la disminución de la violencia gineco obstétrica.
  • Fortalecimiento de la capacidad de respuesta del sistema de salud a través del incremento de sus capacidades técnicas y profesionales que considere el contexto territorial y con cobertura de la demanda de servicios.
  • Garantizar servicios públicos de calidad, con acceso a la información, disposición de métodos de planificación familiar, con seguimiento y suficiencia procurando un acceso oportuno y permanente de mujeres a estos programas, así como los de prevención y atención a la salud, con atención a las mujeres con VIH/SIDA.
  • Despenalización del aborto por causales y actualización legislativa sobre las excepciones del derecho.

Educación

  • Eliminar la discriminación por razón de embarazo contra menores de edad mujeres.
  • Impulsar formaciones y prácticas educativas que promuevan la educación con perspectiva de género y el abordaje de la violencia, así como la participación de niñas y adolescentes en programas STEM.
  • Incorporar y revisar periódicamente el currículum educativo, desde la primera infancia, y con las estrategias pedagógicas adecuadas para cada nivel, la educación sexual integral- reproductiva, la concientización y prevención de las ITS, y el VIH, equidad e igualación de género, y nutrición.
  • Incrementar las capacidades técnicas y administrativas de los actores para transversalizar la perspectiva de género dentro del sistema educativo preuniversitario, técnico y superior.

Mujeres migrantes

  • Garantizar los derechos humanos y civiles de las mujeres migrantes, especialmente de nacionalidad haitiana.
  • Formar actores vinculados a la ejecución de la Ley General de Migración en derechos humanos, así como la revisión de las prácticas que ejercen las fuerzas represivas del Estado al momento de abordar personas migrantes en operativos de interdicción.
  • Sensibilizar a los actores del sistema para la disminución del ejercicio de prácticas discriminatorias.

Violencia basada en género

  • Fortalecimiento y actualización de los sistemas estadísticos para garantizar una recopilación oportuna y periódica de datos, junto con la disminución del subregistro mediante capacitación y fortalecimiento del sistema existente.
  • Fortalecimiento de los sistemas de respuesta a la violencia de género, así como la concientización y capacitación de los actores vinculados a la respuesta ante la inseguridad y violencia, con enfoque de género y acceso eficiente al sistema de justicia para mujeres víctimas.
  • Actualización de la legislación para incluir tipos penales como el feminicidio y la violencia entre parejas del mismo sexo, garantizando el cumplimiento de la Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar y aumentando progresivamente los presupuestos de las Unidades de Atención y Centros de Acogida, asegurando el tránsito hacia la nueva legislación contemplada en el proyecto de ley que crea el Sistema Integral para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Participación Política

  • Paridad horizontal y vertical en los procesos electorales, garantizando de forma efectiva el cumplimiento de cuotas de género en los procesos electorales, con financiamiento adecuado para sus campañas, garantizando así una mayor representación femenina en los niveles plurinominales y uninominales.
  • Incremento de la participación de mujeres en las Cámaras Legislativas y en puestos del Poder Ejecutivo, así como una mayor presencia y participación femenina en los partidos políticos, especialmente en los espacios de toma de decisiones.
  • Creación de unidades de defensoría pública en temas político-electorales para proteger los derechos políticos de las mujeres, junto con la actualización y fortalecimiento de la legislación en materia de igualdad de género, discriminación y violencia política, tanto en el ámbito penal como administrativo.

Mujer y vejez

  • Garantizar la cobertura del Sistema de Seguridad Social Dominicano a las personas mayores para que puedan disfrutar de una pensión digna y acceso a los servicios de salud y programas de tratamiento farmacológico, con acceso a una pensión que permita una vejez con dignidad, como establece la ley 87-01.
  • Reducir la discriminación en materia laboral contra adultos mayores.
  • Incrementar de forma progresiva los presupuestos que impactan la asistencia a adultos mayores, así como el fortalecimiento de los mecanismos de acceso a los derechos de los adultos mayores.
  • Garantizar una red de servicios públicos que permita a los adultos mayores el libre desarrollo de su personalidad y acceso a espacios públicos y de recreación.

Mujer y discapacidad

  • Incremento de la inversión pública para la adaptación de los espacios públicos a las necesidades de la población con discapacidad, especialmente en las infraestructuras de servicios públicos educativos, de salud, transporte, entre otros.
  • Incremento de los programas que procuran la inserción laboral de mujeres con discapacidad.
  • Garantizar servicios de salud de calidad y con capacidad técnica para responder a la diversidad de las discapacidades, así como el incremento del presupuesto público para la capacitación de los actores del sistema.
  • Fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones que trabajan con mujeres discapacitadas para mejorar los niveles de incidencia pública y la vocería sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Municipalidad

Traslado de competencias desde el Poder Ejecutivo a los gobiernos locales

  • Asegura la transferencia gradual de competencias sobre seguridad, convivencia ciudadana, desarrollo social y económico de los colectivos de mayor vulnerabilidad, de acuerdo con lo establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo.
  • Compromiso con incorporar en la Ley General de Presupuesto la asignación presupuestaria de los recursos para la transferencia de competencias.

Territorialización de políticas públicas para la promoción del desarrollo local

  • Seguimiento a las demandas territoriales priorizadas por los Consejos de desarrollo provinciales (CDP), proveniente de los planes municipales de desarrollo (PMD), acorde a la Ley de Planificación e Inversión Pública, núm. 498-06.
  • Sectoriales aseguran la asignación presupuestaria de las demandas territoriales priorizadas por los Consejos de desarrollo provinciales (CDP).

Ordenamiento territorial

  • Aprobación y cumplimiento del Plan Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT), que incorpora los Planes Municipales de Ordenamiento Territorial (PMOT).

Cohesión territorial y Democratización de la gestión municipal

  • Promoción de la participación ciudadana en los procesos de gestión de los planes y normas de ordenamiento territorial, acorde al mandato de la Ley núm. 368-22 de Ordenamiento Territorial.
  • Inversión del Fondo de Cohesión Territorial -FCT-, normado por el Decreto 249-19.

Gestión local profesionalizada, fortalecida y autónoma

  • Cumplimiento progresivo del artículo 3 de la ley 166-03 (2003) que regula la participación de los Ayuntamientos en el Presupuesto de la Nación y que asigna el 10% a los gobiernos locales.
  • Incorporación a la carrera administrativa Municipal, mandato de la Ley de Función Pública 41-08.

Niñez y adolescencia

Protección efectiva de la niñez

Cumplimiento de las garantías institucionales respecto de los derechos de niños/as víctimas de abuso sexual, y coordinación entre los roles y funciones de cada instancia del Sistema Nacional de Protección. Fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo al cumplimiento.

Este indicador incluye las siguientes demandas:

  • Implementar programas de capacitación dirigidos a profesionales, educadores y funcionarios de las instituciones del Sistema Nacional de Protección. Estos programas deben abordar la identificación temprana de señales de abuso sexual, la atención adecuada a las víctimas y la importancia de la coordinación entre las diferentes instancias.
  • Fortalecer los protocolos específicos para la atención de niños y niñas víctimas de abuso sexual. Estos protocolos deben establecer roles y responsabilidades claras para cada instancia del sistema. Además, se debe promover la colaboración efectiva entre la policía, los servicios de salud, los tribunales y las organizaciones de protección infantil.
  • Fortalecer los mecanismos de monitoreo para garantizar el cumplimiento de las garantías institucionales. Esto incluye la creación de indicadores específicos para medir el desempeño en la protección de los derechos de los niños y niñas víctimas de abuso sexual. Los informes periódicos y la revisión constante son esenciales para asegurar la efectividad de las acciones implementadas.

Prevención de Embarazo en adolescentes y Uniones Tempranas

Garantizar presupuesto protegido y operacionalización de los compromisos establecidos en la PPA a nivel nacional con Educación Integral en Sexualidad, asegurando los roles asignados con corresponsabilidad del Sector Educación y de las instituciones garantes del Sistema de Salud.

Este indicador incluye las siguientes demandas:

  • ODS: Alineamiento del currículo oficial en educación integral para la sexualidad con los criterios del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y con los estándares internacionales sobre la materia.

Diseñar ruta de acción para lograr la efectividad en la prohibición del matrimonio infantil y que esto se refleje en las realidades territoriales, donde esto se expresa en uniones tempranas, no formalizadas, pero sí normalizadas.

Este indicador incluye las siguientes demandas:

  • Deben crearse mecanismos interinstitucionales (OPM, MSP, CONANI, Procuraduría, Tribunal NNA) de supervisión y prevención local de este tipo prácticas abusivas.

Calidad y Cobertura Universal en Servicio de Atención a la primera infancia

Ampliación de cobertura e inversión y garantía de continuidad a la atención de la primera infancia a través de los Centro de Atención Integral a La Primera Infancia (CAIPI) y los Centro de Atención Integral a la Infancia y La Familia (CAFI), con el enfoque de inclusión hacia poblaciones vulnerabilizadas.

Este indicador incluye las siguientes demandas:

  • Asignar un mayor presupuesto destinado específicamente a los centros de atención y la inversión en la apertura de nuevos en territorios de mayor necesidad, garantizando una ampliación de la cobertura y una mejora en la calidad de los servicios ofrecidos.
  • Crear protocolos de atención a poblaciones vulnerabilizadas como niños y niñas con discapacidades, pertenecientes a comunidades marginadas, o en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Así como la adaptación de los programas y actividades para satisfacer las necesidades específicas de cada grupo de niños y niñas.

Fortalecimiento de la cobertura de los Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), en coordinación con los datos que aporta el SIUBEN respecto a la detección de familias y niños/as en mayor vulnerabilidad.

Este indicador incluye las siguientes demandas:

  • Destinar presupuesto de inversión para la construcción de nuevos centros en el territorio basados en los datos del SIUBEN.
  • Asignación de recursos adicionales para fortalecer la capacidad de los CAID en términos de personal, infraestructura y equipamiento, para poder atender adecuadamente a los niños/as referidos.
  • Creación de protocolos y procedimientos claros para el referimiento de niños/as detectados con posibles necesidades de atención especial desde los CAIPI y CAFI hacia los CAID.

Trabajo Decente

Garantía de Derechos Laborales

  • Regulación del Trabajo Doméstico Remunerado, garantizando el establecimiento de una jornada laboral, el acceso a la seguridad social y la eliminación del pago en especie.
  • Igual salario por el mismo trabajo: eliminación de las brechas salariales por cualquier tipo de condición y establecimiento de sanciones para empresas privadas e instituciones públicas que incumplan la disposición.
  • Preservar, en una posible Reforma Laboral, la Cesantía como indemnización por el ejercicio del desahucio.
  • Redefinición de la política salarial, que permita anclar los salarios al coste de la canasta básica establecida por el Banco Central e incrementar los salarios por ajuste inflacionario anual automático y por productividad laboral ganada como mecanismo de ajuste salarial oficial.
  • Ratificación del Convenio 190 de la OIT, sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Establecimiento de protocolos para la prevención y la sanción de la violencia y acoso sexual y laboral en el mundo del trabajo.

Los Cuidados como Trabajo y Derecho

  • Reconocimiento del aporte del trabajo de cuidado a la Economía (encuesta, uso de tiempo, derecho al cuidado sistema integral de cuidado, sobrecarga de cuidado para las mujeres, la injusta división sexual del trabajo de cuidado).
  • Implementación de un sistema Integral de Cuidado con presupuesto garantizado.
  • Reconocimiento y formalización de las trabajadoras que se dedican a los cuidados de forma no remunerada.
  • Ratificación e implementación del Convenio 156 de la OIT, sobre Igualdad de Oportunidades y Trato entre Trabajadores y Trabajadoras con Responsabilidades Familiares.

Salud y seguridad social

Reducir el gasto familiar y el gasto de bolsillo en salud

  • Se ha establecido mediante Ley o Decreto, la obligatoriedad de especificar en toda receta el nombre común internacional o el principio activo del medicamento, aunque también se pueda indicar la marca preferida por el médico.
  • El expediente único digital de salud se ha puesto en vigencia para todo el Sistema Nacional de Salud (público y privado).
  • Se ha establecido, mediante Ley o decisión del Consejo Nacional de Seguridad Social, la obligatoriedad de registrar todos los planes complementarios y voluntarios de salud en el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Ampliar la participación ciudadana en todos los espacios de decisión del Sistema Nacional de Salud

  • Se define los espacios de decisión técnica y administrativa en cada nivel del Servicio Nacional de Salud, donde debe haber participación social y comunitaria.
  • Se formula y se financia con recursos públicos, un plan nacional de capacitación sobre participación en salud, para organizaciones sociales y comunitarias.

Reformar la Ley de Seguridad Social para asegurar pensiones dignas para todas las personas adultas mayores

  • Se retoma el proceso de reforma de la Ley 87-01 en el Congreso Nacional.
  • La reforma de la Ley 87-01 establece un sistema integrado de jubilaciones y pensiones, para toda la población, integrado por pilares con diverso financiamiento y un primer nivel básico obligatorio, para toda la población, como la ha planteado la OIT.

Desarrollar la red de Primer Nivel de Atención en Salud, con enfoque integral y para toda la población

  • Se destina al menos el 30% del presupuesto del Servicio Nacional de Salud y de las dispersiones del Seguro Familiar de Salud, para financiar el desarrollo y contratación de los servicios y establecimientos de primer Nivel de Atención en Salud.
  • Se implanta el Modelo de Atención integral de Salud, aprobado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en todos los Establecimientos de Primer Nivel públicos y privados.
  • Se desarrolla un sistema de referencias y contra referencias entre el primer Nivel de Salud y otros niveles. Ambulatorios y hospitalarios, que garantice citas preestablecidas para los pacientes referidos del Primer Nivel.

Incrementar el gasto público en salud, progresivamente, hasta alcanzar en 5 años el 5 % del PIB

  • Incrementar cada año al menos el 1% del PIB en el presupuesto público en salud, hasta alcanzar el 6% del PIB.

Vivienda y hábitat

Derecho universal a un hábitat saludable y seguro para todas las familias, con énfasis en la población empobrecida y ubicada en zonas de riesgo

  • Aprobación de propuesta de decreto de Reglas para la protección de los derechos fundamentales de las personas sujetas a desalojos.
  • Mejoramiento del acceso (aumento del 40%) a los servicios de agua potable.
  • Establecimiento de un plan reducción del déficit habitacional en un 40%.
  • Acceso a servicio de electricidad.
  • Acceso a servicio sanitario adecuado para todas las familias.
  • Derecho a una tenencia segura (titulación para las familias) y cero desalojos.
  • Aumentar en un 30% el aporte a políticas de prevención/reducción de riesgo de desastre (presupuesto del Fondo Nacional de PMR).
  • Reducir en un 50% los asentamientos en zonas de riesgos/vulnerables.

Implementación de una Política de vivienda que contemple las familias en condición de pobreza

  • Presupuesto público nacional adecuado para que la política pública sea sostenible financieramente hablando.
  • Formular mecanismos de estímulos a la Producción Social del Hábitat de acuerdo con lo establecido en la Ley 160-21.
  • Aprobación del Plan Decenal de Vivienda con instrumentos orientados a la población más empobrecida.

Promoción de procesos de inclusión que garanticen el derecho a la ciudad para todos y todas

  • Duplicar la inversión en infraestructura para parques.
  • Duplicar la inversión en Centros culturales.
  • Duplicar la inversión en Áreas verdes.
  • Duplicar la inversión en Deporte.
  • Duplicar la inversión en Acciones artísticas, etc.
  • Mejorar un 70% de las vías de accesos de barrios ubicados en zona urbano marginal.