Implementación e inversión en el Plan Nacional para la Reducción de Embarazos en Adolescentes, con énfasis en la calidad de ejecución de gasto, tomando en cuenta la articulación y coordinación interinstitucional.
Prohibición del matrimonio infantil en el código civil (posición de los candidatos al respecto).
Asegurar la aprobación, asignación presupuestaria (con fondos protegidos) y ejecución del Plan Nacional de Matrimonio Infantil y Uniones Tempranas en la República Dominicana.
Desigualdades de género
Igualdad de género en la participación política (Art. 39.5 Constitución)
Compromiso en promover y garantizar la participación paritaria de mujeres y hombres en los cargos para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado, sin estereotipos de género.
Posicionamiento del candidato-a sobre el cumplimiento de la Ley Partidos (no menos de un 40% y no más de 60 de hombres y mujeres en cada demarcación política electoral).
Violencia contra las mujeres
Compromiso con la aprobación y ejecución al proyecto de Ley para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer bajo la rectoría del Ministerio de la Mujer.
Pacto con la asignación de un mínimo de un 2% del presupuesto de cada ministerio o institución gubernamental incluidos en la Ley para la ejecución del sistema de atención a Violencia Basada en Género.
Compromiso con la ratificación y entrada en vigor del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre violencia y acoso en los lugares de trabajo.
Empleo y empoderamiento económico
Compromiso con la aprobación de una ley que garantice un salario equitativo por igual trabajo para hombres y mujeres, y sanciones para las empresas privadas e instituciones públicas que no lo cumplan.
Regulación del trabajo doméstico remunerado, garantizando el salario mínimo y protección social para las trabajadoras domésticas.
Educación para la igualdad
Educación para la igualdad
Derechos sexuales y derechos reproductivos
Promoción de la educación sexual integral en el currículo educativo.
Acceso universal a los métodos anticonceptivos.
Despenalización del aborto por causales.
Fiscalidad
Gasto en servicios sociales que garanticen derechos y reduzcan desigualdades.
Impulsar un incremento progresivo del gasto público en servicios sociales durante el período 2020-2024, garantizando costeo y asignación efectiva de recursos en programas sociales con enfoque diferenciado en género, hasta alcanzar un 12% del PIB.
Promover medidas concretas para elevar eficiencia del gasto público, eliminando instituciones que duplican funciones, reduciendo uso clientelar de la nómina pública, el poder discrecional de ministros/as para ejecutar fondos públicos y el dispendio generalizado en partidas como publicidad y propaganda.
Reducir gradualmente el peso del servicio de la deuda pública y el subsidio eléctrico en el Presupuesto General del Estado,del 33% (año 2020) al 20% (año 2024).
Sistema tributario justo y sin privilegios para las élites.
Revertir la estructura tributaria regresiva, aumentando peso de impuestos a riqueza, patrimonio y renta a, por lo menos, un 60% de recaudaciones y reduciendo el peso de impuestos a servicios y mercancias hasta el 40% de recaudaciones para el año fiscal 2024.
Desmontar el multimillonario esquema de privilegios y exenciones fiscales generalizadas del que gozan sectores económicos de élites con bajo impacto social y reducidos niveles de costo-eficiencia.
Incrementar la presión tributaria hasta llegar a, por lo menos, un 19% del Producto Interno Bruto (PIB) al año fiscal 2024, procurando una distribución justa de la carga tributaria, a fin de que paguen más quienes más tienen.
Gobernanza democrática e inclusiva en la política fiscal.
Convocatoria inmediata a Pacto Fiscal en primeros 100 días de gobierno, previo a impulsar recomposición democrática, igualitaria entre sectores y con equidad de género en membresía del Consejo Económico y Social, acorde a Ley 142-15.
Impulsar negociones contractuales transparentes y favorables al interés público, entre Estado dominicano y sector privado nacional/extranjero en sectores estratégicos, así como renegociación inmediata de contratos onerosos o lesivos, particularmente en acuerdos de concesión vial (peaje sombra) e industrias extractivas.
Poner en práctica mecanismos democráticos de consulta que garanticen la participación directa de la ciudadanía, particularmente de mujeres y jóvenes a nivel municipal y provincial, en las decisiones sobre proyectos de inversión territorial y servicios públicos previo a la formulación de proyectos de presupuestos de cada año (2021-2024).
Vivienda y hábitat
Derecho universal a un hábitat saludable y seguro para todas las familias, con énfasis en la población empobrecida y ubicada en zonas de riesgo
Establecimiento de un plan reducción del déficit habitacional en un 40%.
Mejoramiento del acceso (aumento del 40%) a los servicios de agua potable, servicio de electricidad y servicio sanitario adecuado para todas las familias.
Derecho a una tenencia segura (titulación para las familias) y cero desalojos.
Aumentar, en un 30%, el aporte a políticas de prevención/reducción de riesgo de desastre (presupuesto del Fondo Nacional de Prevencion, Mitigacion y Respuesta ante Desastres).
Reducir, en un 50%, los asentamientos en zonas de riesgos/vulnerables.
Implementación de una política de vivienda que contemple las familias en condición de pobreza
Aprobar la Ley de vivienda y asentamientos humanos empobrecidos que beneficia el 80% de la población.
Presupuesto público nacional adecuado para que la política pública sea sostenible en términos financieros.
Promoción de procesos de inclusión que garanticen el derecho a la ciudad
Duplicar la inversión en infraestructura para parques, centros culturales, áreas verdes, deporte, acciones artísticas, etc.
Mejorar un 70% de las vías de accesos de barrios ubicados en zona urbano marginal.
Municipalidad y descentralización del Estado
Un Estado Descentralizado
Cómo abordar la inversión en el territorio, tomando en cuenta la priorización del gasto público, en función de las necesidades identificadas para la promoción del desarrollo local.
Garantizar la participación de los gobiernos locales dentro del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública.
Gobiernos locales fortalecidos
Posición sobre la transferencia a los gobiernos locales de competencias con vocación territorial.
Posición sobre las transferencias del 10% de Presupuesto de la Nación a los gobiernos locales.
Ordenamiento Territorial
Posición respecto al marco legal actual y sobre las propuestas de reforma, tomando en cuenta los principios de descentralización y desconcentración.
Posición sobre uso y aprovechamiento de los recursos en el territorio, garantizando el desarrollo sustentable de la actividad y la protección de los intereses.
Posición sobre las poblaciones ubicadas en asentamientos informales, fuera del territorio urbanísticamente ordenado.
Salud y seguridad social
Reforma estructural del Sistema Nacional de Salud basada en un enfoque de derecho
Acceso de toda la población a servicios de calidad preventivos y de curación de enfermedades.
Saneamiento gerencial y administrativo de los hospitales y del sistema público de salud
Escogencia de directores por concurso de oposición con transparencia y eficiencia.
Mayor inversión estatal y mejor calidad del gasto en salud
Dedicar a la salud en los próximos 4 años al menos el 5% del Producto Interno Bruto y dedicar un 33% del presupuesto al Primer Nivel de Atención en Salud.
Participación social y comunitaria en la gestión estatal de salud
Promover la participación de la ciudadanía en consejos de dirección de los centros y los organismos estatales de salud.
Gobernanza y rectoría estatales con transparencia y eficiencia
Fortalecer la función de rectoría del Ministerio de Salud Pública y reducir la dispersión y duplicidad de funciones de las dependencias correspondientes.
Seguridad ciudadana
Modelo Policial
Visión de una nueva policía de orden civil, desempeñando un rol preventivo en el mantenimiento del orden público.
Implementación de la carrera policial a través de la aprobación de los 21 reglamentos que ordena la ley y que están pendientes.
Reestructuración de la escala salarial para los miembros de la policía, agregando beneficios e incentivos.
Seguridad Ciudadana
Política Integral de Seguridad Ciudadana
Implementación de las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género
Promover las reformas pendientes para la mejora de la seguridad ciudadana (ley de tráfico de drogas, trata de personas, extinción de dominio y ley orgánica del Ministerio Público).
Eliminación de órganos e instituciones de seguridad con funciones duales o superpuestas.
Acceso a espacios públicos seguros, a la recreación y a la cultura.
Plan de Ordenamiento Territorial y Regiones Únicas a en torno a la seguridad ciudadana.
Prevención de la violencia basada en género en las calles (acoso sexual).
Mejorar la movilidad y seguridad vial prestando atención a poblaciones en condición de vulnerabilidad.
Acceso universal a áreas verdes y espacios públicos, seguros e inclusivos en especial para poblaciones en situación de vulnerabilidad (mujeres, niños, discapacidad y colectivo LGTBI).
Transparencia y reforma del Estado
Independencia del Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura
Propuestas y compromiso para la Independencia del Poder Judicial.
Propuestas y compromisos para la modificación de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura.
Lucha contra la corrupción y separación de la figura del Procurador del Poder Ejecutivo
Apoyar la independencia funcional y administrativa del Ministerio Público y la separación del Sistema Penitenciario.
Disminución del Índice de Percepción de la Corrupción.
Impulso de la reforma penal y la tipificación de los delitos de corrupción.
Fortalecimiento de las acciones de persecución de la corrupción y la impunidad, vía jurisdicción especializada anti-corrupción.
Transparencia
Cumplimiento de la Ley sobre Declaración Jurada de bienes al inicio y al final de la gestión de todos sus funcionarios, con especial énfasis en el régimen de consecuencias.
Financiamiento Campaña Electoral.
Cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública 200-04, calidad de la información y procedimientos.
Compromiso en la regularización de ventas públicas y las concesiones estatales.
Política de prevención de conflictos de interés.
Promover la Independencia de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, para que esta no dependa del Poder Ejecutivo.