Resumen:
- Varios desalojos se efectuaron de madrugada, sin notificación previa, de manera violenta y sin ofrecer asistencia jurídica ni alojamiento alternativo.
- El Estado no toma las medidas suficientes para garantizar la seguridad jurídica de todas las personas.
Categoría: Vivienda y hábitat
Tema: Hábitat saludable
Autora: Indhira Suero Acosta
El derecho universal a un hábitat saludable y seguro para todas las familias, con énfasis en la población empobrecida y ubicada en zonas de riesgo, constituye otro de los retos en cuanto a Vivienda y Hábitat. Aquí tres preguntas respondidas por los expertos de Ciudad Alternativa en materia de: déficit habitacional, desalojos y titulación del Estado.
1) ¿Cuál de las sub demandas presentadas en torno a un hábitat saludable ha sido la más dejada de lado por la administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM)? ¿Por qué?
La sub demanda que más ha dejado de lado la administración del PRM ha sido la de cero desalojos porque durante los últimos años, el déficit habitacional se ha visto agravado por el aumento de desalojos forzosos masivos de comunidades empobrecidas.
Los casos del Gran Santo Domingo son una muestra clara del incumplimiento del Estado respecto a la protección del derecho a una vivienda.
2) Sobre cero desalojos, ¿qué tanto se cumplió con esa petición?
A continuación se muestran varios ejemplos de desalojos ocurridos en los últimos años que visibilizan el incumplimiento de esta sub demanda.
En el año 2021, el sábado 6 de marzo a las 5 am, fueron desalojadas forzosamente 389 familias del sector Freddy Beras Goico, en el municipio de Los Alcarrizos. A octubre de 2022, 114 familias tenían más de un año viviendo en la escuela semi construida “Los Coquitos”. Las mismas viven en condiciones de hacinamiento, sin acceso a agua potable, servicios sanitarios adecuados ni un sistema eléctrico estable, lo que conlleva problemas de salud e inseguridad.
En el sector La Mina, San Isidro, municipio Santo Domingo Este, el sábado 24 de abril del 2021, en horas de la madrugada, alrededor de 600 familias fueron despojadas forzosamente de sus viviendas por autoridades policíacas y militares. Estas familias habitaban en un terreno que había sido cedido por el Estado a las Fuerzas Aéreas.
El miércoles 1 de junio del 2022 a las 7:00 am, alrededor de 30 familias fueron desalojadas de sus viviendas de forma violenta y arbitraria en el sector La Rusa, San Luis, municipio Santo Domingo Este. Los afectados consideran que fueron sacados de la propiedad de forma ilegal, ya que la misma fue vendida luego de la emisión del decreto 268-16, que prohíbe la venta de terrenos del Estado a particulares.
Otro caso reciente, esta vez en la provincia de Santiago, es un reflejo del incumplimiento de la no protección por parte del Estado frente a desalojos forzosos por parte de actores privados.
El viernes 25 de febrero del 2022, alrededor de 88 viviendas (130 familias) fueron desalojadas sin previo aviso a manos de contingente policial y representantes del abogado del Estado por orden de la compañía T&H Enterprise que alega ser dueña del terreno.
Los cuatro casos anteriores se realizaron de madrugada, sin notificación previa, de manera violenta y sin ofrecer asistencia jurídica ni alojamiento alternativo. Esto constituye una violación prima facie del derecho a una vivienda digna, de acuerdo a los tratados internacionales y a la legislación nacional en esta materia.
La historia del proyecto de mejoramiento urbano Nuevo Domingo Savio es otro caso de vulneración del derecho a una vivienda adecuada por parte del Estado, en el cual aproximadamente 1,700 familias han sido expulsadas del sector desde 2018 a manos de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE). Las familias se han visto obligadas a aceptar una indemnización económica insuficiente que ha impedido la garantía de una alternativa habitacional digna. De acuerdo con ONU-Hábitat (2014) el proceso debería haber respetado los derechos a la información, la consulta y la participación significativas en todas sus etapas, la indemnización debería haber incluido las pérdidas de bienes personales, inmobiliarios o de otro tipo, y el desalojo no debería haber dado lugar a la falta de vivienda.
3) La titulación se muestra como uno de los principales aspectos en torno a materia de vivienda en esta gestión. Por ejemplo, una publicación de marzo de este año refiere que: Gobierno de Luis Abinader ha entregado más 88,000 títulos de propiedad a igual número de familias ¿Podría considerarse esto como el cumplimiento de la demanda de tenencia segura?
Si bien la entrega de títulos de propiedad es un gran avance en el cumplimiento de la demanda de tenencia segura, no debemos confundir seguridad jurídica de la tenencia con la posesión de un título de propiedad. Según las Naciones Unidas, “La tenencia adopta una variedad de formas, como el alquiler (público y privado), la vivienda en cooperativa, el arriendo, la ocupación por el propietario, la vivienda de emergencia y los asentamientos informales, incluida la ocupación de tierra o propiedad. Sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas. Por consiguiente, los Estados Partes deben adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección, consultando verdaderamente a las personas y grupos afectados”.
Al mismo tiempo que el gobierno está realizando un Plan Nacional de Titulación que garantiza la seguridad jurídica de la tenencia a miles de familias, el Estado no está tomando las medidas suficientes para garantizar la seguridad jurídica de todas las personas independientemente de la forma de tenencia, lo que ha resultado en la ejecución de desalojos forzosos masivos de comunidades establecidas.
Referencias:
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observaciones generales 4 (sobre el derecho a una vivienda adecuada, 1991), 7 (sobre desalojos forzosos, 1997) y 16 (sobre la igualdad del derecho del hombre y la mujer al disfrute de los DESCA, 2005).
ONU-Hábitat (2014), Folleto informativo N.º 25/Rev. 1.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, observaciones generales 4 (sobre el derecho a una vivienda adecuada, 1991)
Lee otra publicación de Polétika RD sobre deficit habitacional: ¿El déficit habitacional en República Dominicana supera hoy en día, los 2.1 millones de vivienda?