Resumen:
- Las expulsiones se efectúan en sectores empobrecidos, contribuyendo a la exclusión y la desigualdad.
- Afectados denuncian agresiones físicas durante estas acciones.
Categoría: Vivienda y hábitat
Tema: Desalojos
Autora: Indhira Suero Acosta
La práctica de los desalojos forzosos en República Dominicana no es nueva. Se desarrolla en perjuicio de los grupos más vulnerables desde las gestiones del exmandatario Rafael Leónidas Trujillo y, según el director de Ciudad Alternativa, Ricardo González, cuenta con el apoyo de miembros de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El uso de la violencia es otra constante en estas expulsiones.
Algunos hechos reflejados en los medios de comunicación:
En diciembre de 2023, desalojados de Arroyo Lindo, en el Distrito Nacional, y de Nueva Jerusalén, en San Isidro, Santo Domingo Este, montaron una vigilia frente al Palacio Nacional para reclamar del presidente Luis Abinader detener la práctica mediante decreto. También se manifestaron organizaciones encabezadas por La Red de Coordinación Urbano Popular.
En febrero de 2024, residentes de los barrios Las Flores, Licey, Canaán, La Paz y otros próximos a Punta, Villa Mella, en Santo Domingo Norte, se manifestaron frente a la Jurisdicción Inmobiliaria, previo a una litis a la cual fueron convocados y en la que les desalojarían de los terrenos que ocupan desde hace «70 años». Los afectados indican que el exmandatario Joaquín Balaguer declaró esos terrenos de utilidad pública con el decreto 194-74.
En marzo del mismo año, residentes del sector Valiente, próximo a Boca Chica, en Santo Domingo Este, denunciaron atropellos, agresión física y desalojo de manera arbitraria.
En julio de 2024, comunitarios de Cancino Adentro, en Santo Domingo Este, denunciaron que fuerzas especiales de la Policía Nacional desalojaron de manera abrupta a más de 200 familias del sector “Los Solares”. De acuerdo a reportes, los vecinos indicaron que los agentes iban armados con palas mecánicas, camiones, cárceles móviles y martillos. Además de viviendas, derribaron árboles plantados por los residentes. El artículo refiere que el señor Radhámes Frِías, presidente de la Junta de Vecinos del sector, no pudo contener las lágrimas al ver su vivienda derribada y sus ajuares en el piso.
En ese mismo mes, el Instituto Agrario Dominicana (IAD), auxiliado por la fuerza pública, desalojó a varias personas en el distrito municipal de Hato del Yaque, en Santiago, al alegar que ocupaban de manera irregular unas 35 tareas de tierras del Estado. El Director General del IAD, Francisco Guillermo García y García, aseguró que las personas que “invaden” terrenos del Estado en esta localidad y otros puntos del país enfrentarían a la Justicia y podrían recibir 15 años de prisión.
De igual forma, ante una notificación de desalojo, residentes en el área de Amortiguamiento de las Dunas de Baní, en el sector Salinas de Puerto Hermoso, dijeron que no ocupan el área protegida y advirtieron a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente que no permitirán que los saquen de sus terrenos.
En septiembre, el senador Antonio Marte encabezó una manifestación en contra del desalojo en comunidades en La Sierra, Santiago Rodríguez. El legislador declaró que pertenece a la tercera generación de una familia que nació y se desarrolló en ese lugar. Por igual, estuvo el padre Rogelio Cruz, quien denunció que quienes reclaman los terrenos forman parte de «una estructura mafiosa» que roba la tierra del Estado dominicano y de indefensos.
La prensa informa que organizaciones se pronunciaron sobre el tema:
- En diciembre de 2023, entidades religiosas y de la sociedad civil denunciaron el regreso de desalojos forzados en zonas como Gran Santo Domingo, Santiago, Azua y El Seibo con un informe llevado a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
- En septiembre de 2024, La Red Socioambiental Nacional de la República Dominicana manifestó su apoyo a un anteproyecto de ley presentado por el senador Félix Bautista, para “garantizar el derecho a una vivienda digna para las familias desplazadas y establecer mecanismos efectivos de protección contra los desalojos forzosos”. Además, solicitó al presidente Luis Abinader decretar una moratoria a todos los procesos de desalojos en curso hasta que el proyecto de ley sea aprobado e implementado, ya que permitiría salvaguardar a las familias vulnerables mientras se establecen los mecanismos adecuados para su protección.
Polétika RD demanda que se reconozca el derecho a una tenencia segura (titulación para las familias) y cero desalojos. Además, exige la aprobación de propuesta de decreto de Reglas para la protección de los derechos fundamentales de las personas sujetas a desalojos.