¿Cómo lograrán los candidatos a la Presidencia un gobierno sin corrupción?

Resumen:

• Las propuestas de programas de los aspirantes sobre temas de transparencia y corrupción carecen de profundidad o son inexistentes.
• Temas ausentes: financiamiento de la campaña electoral, disminución del Índice de Percepción de la Corrupción y propuestas y compromiso para la Independencia del Poder Judicial.

Categoría: Transparencia y lucha contra  la corrupción

Tema: Propuestas presidenciales

Los bajos niveles de confianza de la población en los partidos políticos y las instituciones del Estado —de acuerdo a encuestas nacionales e internacionales— demuestran que en República Dominicana hay un problema con la transparencia y la corrupción. Por este motivo, se vuelve vital conocer qué plantea cada candidato presidencial para enfrentar esos temas.

Según Participación Ciudadana, ninguno de los casos más sonados en los últimos años ha sido objeto de sanción en los tribunales, mientras el Ministerio Público, y en especial la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción, no cumplen con su responsabilidad de investigar y perseguir las innumerables denuncias y evidencias de corrupción que son de conocimiento público.

Algunos de los casos de corrupción visibilizados en los medios durante el 2019:

• El caso de ODEBRECHT y los Codinomes. 
• La sobrevaluación del Hospital José María Cabral y Báez de Santiago.
• La sobrevaluación del Hospital Luis Eduardo Aybar, que comenzó con una licitación de RD$699 millones y ya van RD$14,522 millones de pesos.
• Nepotismo en las instituciones públicas, que quedó documentado en dos entregas de la periodista Nuria Piera.
• Licitación Compañía de Seguridad EDES.
• Fideicomiso Ciudad del Sol de Obras Públicas en Punta Cana.
• La denuncia del periodista Marino Zapete sobre la firma de contratos de grado a grado entre el entonces ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo y Maybeth Virginia Rodríguez, hermana del Procurador General y empleada de la OISOE, por un monto superior a RD$1,000 mil millones de pesos.
• El caso de Obras Públicas documentado por Alicia Ortega, con la asignación de grado a grado de hormigón asfáltico caliente a varias empresas, por un monto de RD$11,500 mil millones de pesos de abril a septiembre del presente año. 

Desde Polétika se demanda la independencia del Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura, transparencia y lucha contra la corrupción y separación de la figura del Procurador del Poder Ejecutivo. 

Por esto, presentamos algunos puntos específicos en torno a las demandas de PolétikaRD. Para conocer más sobre sus propuestas y cómo las desarrollarán, visitar nuestra sección de planes de gobierno. De igual modo, las consideraciones de PolétikaRD al respecto se encuentran en este Análisis Sectorial. 

Independencia del Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura

Gonzalo Castillo, Partido de la Liberación Dominicana

• Este candidato no presenta propuestas para alcanzar la independencia del Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura en el documento de su programa de gobierno.

Luis Abinader, Partido Revolucionario Moderno.

Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo, Partido Reformista Social Cristiano y Juntos Podemos

• Este candidato no presenta propuestas para alcanzar la independencia del Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura en el documento de su programa de gobierno.

Juan Cohen, Partido Nacional Voluntad Ciudadana

• Este candidato no presenta propuestas para alcanzar la independencia del Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura en el documento de su programa de gobierno.

Ismael Reyes, Partido Demócrata Institucional 

• Este candidato no presenta propuestas para alcanzar la independencia del Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura en el documento de su programa de gobierno.

Guillermo Moreno, Alianza País

• Modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura a fines de excluir de entre sus miembros al Presidente de la República y el Procurador General de la República. 

Lucha contra la corrupción y separación de la figura del Procurador del Poder Ejecutivo

Gonzalo Castillo, Partido de la Liberación Dominicana

• Promover y lograr el consenso de la sociedad para la aprobación del nuevo código penal de forma tal que se disponga de un marco legal actualizado para el castigo de estos crímenes y delitos.

Luis Abinader, Partido Revolucionario Moderno.

• Enfrentar la impunidad y la corrupción, fortalecer la justicia y designar un Ministerio Público independiente, profesional y especializado.
• Reforma profunda en el sistema de justicia. 
• Despolitizar el Ministerio Público.
• Tomar reformas legislativas para enfrentar la corrupción.
• Aplicar la legislación anti-corrupción en forma rigurosa, apegada al derecho y al debido proceso. Esto, sin importar posición política y cargo público de los acusados.
• Cero tolerancias a la impunidad y la corrupción

Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo, Partido Reformista Social Cristiano y Juntos Podemos

• Promover la actualización del Código Penal Dominicano, mediante el proyecto de reforma que tipifica: los beneficios económicos provenientes de operaciones en una entidad pública, el tráfico de influencias, la recepción ilegal de beneficios, la corrupción pasiva y las concesiones de ventajas a terceros. 
• Creación de instrumentos de participación ciudadana y de leyes contra la corrupción, el lavado de activos y la evasión fiscal.
• Establecer equipos de inteligencia dentro de las instituciones dedicadas a la prevención de la corrupción administrativa, que desarrollen modelos de gestión de riesgos, involucrando al sector privado y a la academia.
• Crear el marco legal e institucional necesario que garantice la protección de las personas que denuncien ante las autoridades competentes cualquier delito de corrupción, de buena fe y con motivos razonables.
• Fortalecer la aplicación del marco regulatorio que persiga los crímenes y delitos que afectan a las empresas de IED, incluyendo, pero no limitado a: comercio ilícito, falsificación y adulteración de bienes y productos, corrupción administrativa, entre otros.  

Guillermo Moreno, Alianza País

• Hacer un gobierno honesto que maneje con pulcritud y transparencia los recursos públicos y rinda cuenta periódica de ellos.  
• Eliminar todos los ministerios, direcciones y oficinas con funciones duplicadas o sin reales atribuciones. 
• Hacer rigurosa aplicación de la carrera administrativa y extirpar de la administración pública el nepotismo, las “botellas” y las “nominillas”.  
• Auditar los actos de corrupción cometidos en los 20 años precedentes y actuar en consecuencia respecto de los que hayan comprometido su responsabilidad penal. 
• Tendrá plena vigencia el principio constitucional de que la “la Ley es igual para todos” lo que en materia de corrupción significará que en su investigación y persecución no habrá distinción de si el imputado es miembro o no de Alianza País; de si es familiar o amigo de un dirigente de Alianza País. De igual modo significa que la investigación y persecución de la corrupción se hará sin importa que sea un expresidente, un exlegislador, un exministro o un exalcalde. 
• Garantizar que el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Cámara de Cuentas sean independientes de los partidos políticos e intereses corporativos, órganos estos cuyos integrantes deberán a su vez observar una conducta honesta y transparente en el desempeño de sus funciones. 
• Impulsar una ley para hacer imprescriptibles los crímenes de corrupción y garantizar así que el paso del tiempo no borre el robo al patrimonio público ni legitime ninguna fortuna de origen ilícito.

Transparencia

Gonzalo Castillo, Partido de la Liberación Dominicana

• Establecer controles y límites para determinadas compras en el Estado, especialmente en aspectos no esenciales, con el objetivo de seguir mejorando la eficiencia y la calidad del gasto público
• Fortalecer los sistemas de control de las adjudicaciones, a los fines de lograr que en las contrataciones públicas las empresas que son fuente de producción tengan acceso y garantías de pago.
• Potenciar que la operatividad y los procesos de atención ciudadana en toda la Administración Pública se sustenten en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (Tics), incrementando la eficiencia y el tiempo de respuesta de solicitudes, reduciendo así costos y trámites, dando continuidad al gobierno digital, abierto y transparente.
• Integrar iniciativas que promuevan la transparencia en la gestión pública y que permitan al ciudadano conocer la forma cómo el Estado utiliza los recursos captados. Iniciativas tales como una página abierta que presente las cuentas fiscales en tiempo real y donde se destinan los impuestos recaudados, para rendir cuentas y continuar fortaleciendo la transparencia gubernamental.
• Someter la modificación de la ley 340-06 y la ley que rige los bienes nacionales, con el objetivo de adecuarlas a las nuevas demandas de transparencia, agilidad y eficiencia del Estado.

Luis Abinader, Partido Revolucionario Moderno.

• Administrar los recursos financieros con eficiencia, pulcritud y rendición de cuentas.
• Aumentar el control en las compras y contrataciones públicas.
• Mejorar el gasto público y fortalecer los mecanismos de control y transparencia.
• Impulsar una ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal. Fijando sanciones a las violaciones de las leyes del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFE, Presupuesto, Contraloría, Crédito Público, Tesorería, Compras y Contrataciones, Función Pública, entre otras.
• Fortalecer la carrera de auditoría pública, de manera que los auditores de la Cámara de Cuentas sean inamovibles e independientes del poder político.
• Establecer a la Cámara de Cuentas la obligación de publicar la calendarización del plan de auditoría, debiendo de ser auditada cada institución del Estado anualmente.
• Publicar las auditorias de la Cámara de Cuentas dentro de los 60 días después de su realización.
• Tomar acciones de control social ciudadano como las de establecer por ley, que las obras públicas podrán ser auditadas por firmas independentes a iniciativa popular y fortalecer el currículo educativo incluyendo una materia específica de ética y valores durante toda la primaria y la secundaria.

Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo, Partido Reformista Social Cristiano y Juntos Podemos

• Fortalecer la aplicación del régimen disciplinario contenido en la Ley Núm. 41-08, así como en las leyes sobre carreras administrativas especiales y otras leyes que regulan el ejercicio de la función administrativa. 
• Dotar de mayores recursos económicos, humanos y técnicos a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, para cumplir con sus atribuciones; así como ampliar estas competencias, en acuerdo con las necesidades que surjan de la implementación de este plan de gobierno. 
• Implementar un sistema de supervisión y vigilancia permanente sobre los servidores públicos con relación a régimen de incompatibilidades, según la función administrativa en que se desempeñen. 
• Diseñar y poner en ejecución programas académicos sobre ética y transparencia, que deberán ser cursados de manera obligatoria por todos los servidores públicos del gobierno central, a través del Instituto Nacional de Administración Pública. La carga horaria dependerá de la naturaleza de las responsabilidades de cada grupo. 
• Promover la actualización del Código Penal Dominicano, mediante el proyecto de reforma que tipifica: los beneficios económicos provenientes de operaciones en una entidad pública, el tráfico de influencias, la recepción ilegal de beneficios, la corrupción pasiva y las concesiones de ventajas a terceros.
• Fomentar los mecanismos existentes de control social de la actividad administrativa, tanto previo como posterior, especialmente pero no limitado a:  a. Consensuar una directriz o protocolo para regular las compras de urgencia y durante emergencias, promoviendo un mayor control de la sociedad cuando la legislación se torna más flexible. b. Crear un registro oficial de auditores privados independientes y reglamentar el proceso para que auditen obras, contratos y procesos públicos, a solicitud de la sociedad civil, bajo supuestos determinados. c. Fomentar y hacer operativo el control social de los ingresos, gastos y el uso de los fondos públicos, establecidos en el Art. 246 de la Constitución. d. Crear un mecanismo de denuncias anónimas de irregularidades, que podrá ser utilizado tanto por los servidores públicos, como por la sociedad, en general.

Juan Cohen, Partido Nacional Voluntad Ciudadana

• Este candidato no presenta propuestas para alcanzar la transparencia en el documento de su programa de gobierno.

Ismael Reyes, Partido Demócrata Institucional 

• Este candidato no presenta propuestas para alcanzar la transparencia en el documento de su programa de gobierno.

Guillermo Moreno, Alianza País

• Suprimir los salarios de lujo en el Estado y prohibirá la asignación de sueldos y pensiones que resulten violatorios del régimen general establecido en el Estado. 
• Presentar su declaración de patrimonio, no pudiendo juramentarse sin satisfacer este requisito. Igual declaración deberán presentar al dejar la función pública. 
• Ningún funcionario público podrá tener, durante el desempeño de sus funciones cuentas ocultas o en paraísos fiscales, en cuyo caso, los recursos depositados en ella se presumirán de origen ilícito. En el gobierno de Alianza País las declaraciones de patrimonio de los funcionarios públicos serán auditadas.
• Eliminar en los ministerios y organismos autónomos del Estado la facultad de hacer construcciones y compras mayores, las que deberán realizarse a través de los ministerios con estas funciones y siempre bajo rigurosos procedimientos de concurso público y licitaciones transparentes, conforme las disposiciones de la Ley. 
• Eliminar la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (OISOE). 
• Reducir la publicidad y propaganda oficial a la prevención, orientación y educación ciudadana quedando prohibida toda publicidad oficial para promoción personal del Jefe del Estado, legisladores, ministros, directores u otros funcionarios del Estado. 
• Eliminar el “barrilito”, “cofrecito”, exoneraciones de vehículos y cualquier otra retribución contraria a las funciones legislativas y, a esos fines, desde ya, todos los que sean electos en nuestra boleta electoral renuncian por adelantado a recibir este tipo de privilegios, inconstitucional e ilegal por demás. 
• Toda institución del Estado con asignación presupuestaria tendrá un portal digital accesible al público para dar cuenta de sus ingresos y gastos y suministrar las informaciones que le sean requeridas en virtud de la ley. 
• Tener en los ministerios y poderes del Estado una “veeduría ciudadana independiente”, facultada para hacer evaluaciones periódicas sobre el desempeño y manejo de los recursos y con facultad para denunciar y querellarse ante cualquier irregularidad detectada. 
• Todo funcionario público que optará por un precandidatura o candidatura a cargo partidario o a una representación en un poder del Estado deberá solicitar licencia durante el tiempo de la precampaña o campaña, según el caso. 
• Todo miembro de Alianza País que optara para ser electo en una función arbitral en el Estado (sistema ordinario de justicia o constitucional, órganos electorales, Cámara de Cuentas…) previo a hacer pública su aspiración debe presentar renuncia a su condición de miembro de Alianza País. 
• Los candidatos o candidatas a cualquier función pública solo podrán utilizar para la promoción de su candidatura recursos de origen lícito y obtenido por medios honestos. 
• Auditar la deuda pública a fin de establecer con qué objeto se tomaron los préstamos, en qué se invirtieron efectivamente, quiénes lo autorizaron y lo ejecutaron, determinando quienes de éstos comprometieron su responsabilidad penal, si fuera el caso. 
• Restablecer la seguridad ciudadana como una parte esencial del esfuerzo para enderezar al país y la gente pueda vivir sin temor y desarrollar su vida con seguridad y sin violencia.